Consejera Humphrey exige investigar al INE ante señalamientos de corrupción

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, declaró este lunes que resulta imperativo investigar a la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, y a toda la estructura administrativa ante los graves señalamientos de presunta corrupción que han surgido recientemente. La funcionaria subrayó que las acusaciones afectan la credibilidad del órgano electoral y requieren una respuesta institucional contundente para garantizar la transparencia frente a la ciudadanía.

Durante su intervención, Humphrey enfatizó que la gravedad de los hechos denunciados no puede ser ignorada por el Consejo General. La consejera argumentó que la integridad de las elecciones y la confianza pública en el sistema democrático mexicano dependen de la capacidad del INE para esclarecer cualquier irregularidad interna sin excepciones ni dilaciones.

Respecto a los movimientos internos y la reciente controversia sobre posibles renuncias, Humphrey adelantó que el órgano electoral mantendrá una postura de cautela hasta que se formalicen los procesos administrativos correspondientes. Señaló que el colegiado esperará a que se cierre oficialmente cualquier trámite de renuncia antes de tomar decisiones institucionales definitivas que permitan la reorganización de las áreas afectadas.

La consejera reiteró que, independientemente de los cambios de personal, el Instituto Nacional Electoral debe mantener su autonomía y apego estricto a la legalidad. Según lo expuesto por la funcionaria, la prioridad para los próximos meses será fortalecer los mecanismos de fiscalización interna para prevenir futuros conflictos de interés o actos que contravengan la normativa vigente en la administración pública federal.

Finalmente, Humphrey hizo un llamado a sus colegas del Consejo General para actuar con responsabilidad y celeridad en la resolución de estos asuntos. La funcionaria sostuvo que la rendición de cuentas debe ser la base de cualquier acción emprendida, con el objetivo de proteger la estabilidad institucional del máximo organismo encargado de organizar los comicios en México.