Corte Suprema de Estados Unidos ratifica la ciudadanía por nacimiento
El máximo tribunal estadounidense invalidó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba restringir el derecho a la nacionalidad automática.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el pasado 30 de junio la validez del derecho a la ciudadanía por nacimiento, frenando así el intento del presidente Donald Trump de modificar este principio mediante una orden ejecutiva. Esta resolución cierra, por el momento, la pretensión de la administración estadounidense de negar la nacionalidad automática a los hijos de personas migrantes en situación irregular nacidos en territorio norteamericano.
El fallo, que fue recibido con atención por diversos sectores diplomáticos y sociales, impide que el Poder Ejecutivo altere por decreto una disposición de larga data en la legislación estadounidense. La decisión judicial ha sido calificada por especialistas internacionales como un momento histórico que preserva la estructura legal vigente sobre la obtención de la nacionalidad en ese país.
Aunque el presidente Donald Trump ha expresado su intención de solicitar una revisión adicional ante el máximo tribunal, la normativa actual permanece inalterada. Esta situación mantiene el estatus de miles de familias mexicanas y de otras nacionalidades que residen en el país vecino, garantizando el reconocimiento legal de sus hijos nacidos en suelo estadounidense.
Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se sigue con atención el desarrollo de este proceso legal, debido a su impacto directo en la comunidad mexicana en el extranjero. Las autoridades mantienen el monitoreo constante sobre cualquier futura acción administrativa o judicial que pudiera derivar de la insistencia de la administración estadounidense en este tema migratorio.
El debate sobre los alcances de la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido un punto central en la agenda de la administración Trump desde su llegada a la presidencia. A pesar de los intentos por limitar este derecho, la intervención de la Suprema Corte ha reafirmado la protección constitucional existente, otorgando certeza jurídica a los menores nacidos bajo esta jurisdicción.
