Defensoría de Oaxaca señala omisión de Fiscalía en protección a Alejandro Leyva

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha señalado públicamente una serie de omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado en el caso del periodista Alejandro Leyva. Según el organismo autónomo, se presentaron formalmente cinco solicitudes de medidas de protección ante las autoridades ministeriales, las cuales fueron desatendidas de manera sistemática durante los meses previos a la situación de riesgo que enfrenta el comunicador.

Este reporte pone de relieve las fallas en los protocolos de salvaguarda para trabajadores de los medios de comunicación en la entidad. La Defensoría sostiene que, a pesar de haber documentado las amenazas y el entorno de peligro, la Fiscalía no activó los mecanismos de respuesta necesarios para garantizar la integridad física de Leyva, contraviniendo los protocolos establecidos para la atención de periodistas.

La falta de respuesta por parte de las autoridades investigadoras ha generado preocupación entre diversos colectivos de prensa en Oaxaca. Los integrantes de estos gremios han denunciado que la inacción institucional no es un hecho aislado, sino una constante que dificulta el ejercicio periodístico en zonas de alta conflictividad social, donde el riesgo de represalias por investigaciones locales es una realidad persistente para los informadores.

Ante estos señalamientos, el equipo de comunicación de la Fiscalía General del Estado ha indicado que se encuentran revisando los expedientes internos para determinar el estado procesal de dichas peticiones. Asimismo, se ha sugerido que se buscará establecer una mesa de trabajo con la Defensoría para evaluar la coordinación con la SSPC y otras instancias de seguridad estatales, con el objetivo de ajustar los procedimientos de atención cuando existan riesgos inminentes contra periodistas.

La situación del periodista Alejandro Leyva permanece bajo monitoreo de organismos de derechos humanos, quienes han exigido que se deslinden responsabilidades administrativas por la omisión documentada. Mientras tanto, el gremio periodístico en el estado ha reiterado su llamado a las autoridades para que se garantice un entorno seguro, libre de intimidaciones y con una actuación ministerial diligente que priorice la vida sobre los procesos burocráticos.