Denuncian indefensión de menores ante violencia digital y omisión ministerial

Una menor de edad y su madre enfrentan una grave situación de vulnerabilidad tras ser blanco de una campaña de violencia digital orquestada por el padre de la niña. El agresor ha incitado a grupos conocidos como la machósfera para difundir contenido sensible, exacerbando el daño psicológico y social hacia las víctimas. Los hechos, ocurridos en el contexto de una disputa familiar, han puesto de manifiesto las limitaciones de las autoridades locales para contener el acoso en plataformas digitales.

Durante el proceso de denuncia ante las instancias locales, personal del Ministerio Público ha manifestado desconocimiento técnico sobre los procedimientos para ejecutar la Ley Olimpia. Esta normativa, diseñada para sancionar la violencia digital y la difusión de material íntimo sin consentimiento, se ha vuelto inoperante ante la falta de capacitación y protocolos claros en las fiscalías de primera instancia. La inacción institucional ha permitido que el acoso se intensifique, dejando a las víctimas en un estado de desprotección jurídica.

Especialistas en derechos de la infancia han señalado que la violencia digital no solo vulnera la privacidad, sino que constituye una forma de tortura psicológica que requiere atención inmediata de la Fiscalía General de la República. La falta de respuesta oportuna por parte de los agentes encargados de investigar estos delitos impide que se dicten medidas de protección efectivas, permitiendo que el agresor continúe utilizando el anonimato de la red para amedrentar a la familia.

Ante este escenario, colectivos feministas y organizaciones civiles han solicitado una intervención urgente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para supervisar los protocolos de atención en casos de violencia contra menores. Se enfatiza que el Estado tiene la obligación de garantizar la integridad digital de los ciudadanos frente a grupos que emplean tácticas de odio organizado. Mientras tanto, las víctimas continúan a la espera de que el sistema de justicia actúe conforme a lo establecido en la legislación vigente para detener la embestida digital.