Exigen justicia por mineros desaparecidos y asesinados en el estado de Sinaloa

Familiares de trabajadores mineros y representantes del sector industrial en Sinaloa han alzado la voz esta semana para exigir justicia por los casos de desaparición y asesinato que han afectado a la plantilla laboral en la entidad. La exigencia se centra en evitar que estas vidas se reduzcan a cifras estadísticas y en obtener respuestas claras sobre las investigaciones que se llevan a cabo en las zonas mineras del estado, donde la inseguridad ha limitado las operaciones durante los últimos meses.

Ante este escenario, la industria minera nacional ha solicitado formalmente a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la implementación de protocolos de seguridad reforzados. La petición subraya la necesidad de establecer una coordinación más estrecha entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las autoridades locales para proteger la integridad física de los empleados que laboran en regiones con presencia de grupos delictivos.

El sector ha señalado que la falta de condiciones seguras no solo pone en riesgo a los trabajadores, sino que afecta el desarrollo económico de las comunidades que dependen de esta actividad extractiva. Los empresarios propusieron la creación de mesas de diálogo permanentes con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional para diseñar estrategias de vigilancia que permitan la continuidad de las labores mineras sin temor a represalias o ataques.

Por su parte, los colectivos de búsqueda de personas han enfatizado que el gobierno debe priorizar la localización de los desaparecidos y el esclarecimiento de los hechos violentos reportados ante la Fiscalía General de la República. La demanda social busca que se garantice el derecho a la seguridad y que las autoridades federales asuman un papel más activo en la pacificación de las zonas serranas de Sinaloa.

La respuesta oficial ante estas peticiones sigue pendiente, aunque fuentes gubernamentales han mencionado que la seguridad en las zonas rurales del país es un tema prioritario en la agenda de la administración. Mientras tanto, las familias de las víctimas mantienen su jornada de exigencia, esperando que las autoridades actúen de manera pronta y expedita para frenar la ola de violencia que acecha a la minería mexicana.