La extorsión afecta hasta el cinco por ciento de la cadena del aguacate

La cadena de valor del aguacate en México enfrenta una crisis de seguridad que impacta hasta en un cinco por ciento sus costos operativos totales, según reportes recientes del sector del pequeño comercio. Este fenómeno, caracterizado por el cobro de piso y la extorsión a productores y transportistas en zonas clave de producción, se ha intensificado en los meses previos a la temporada de alta demanda internacional, como la que genera el Super Bowl cada año.

Representantes de las cámaras de comercio han señalado que la inseguridad no solo afecta la rentabilidad de los agricultores, sino que también traslada costos adicionales al consumidor final y a los eslabones de distribución. Ante esta situación, el sector ha planteado formalmente que la exportación del aguacate debe ser considerada un eje prioritario dentro de la estrategia de seguridad nacional, solicitando una mayor coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las autoridades estatales.

La propuesta del gremio busca que las rutas de exportación cuenten con esquemas de vigilancia fortalecidos por la Guardia Nacional, con el fin de blindar el traslado de mercancías desde las huertas hasta las fronteras. El objetivo es reducir la influencia de grupos delictivos que buscan controlar los puntos críticos de la cadena logística, lo cual, según los comerciantes, permitiría estabilizar los precios del fruto en el mercado nacional.

Expertos en logística agroalimentaria coinciden en que la complejidad del problema requiere una visión integral que involucre a la Fiscalía General de la República para desarticular las redes financieras de los grupos que operan en las zonas aguacateras. Se espera que en las próximas semanas las autoridades federales mantengan mesas de diálogo con los productores para evaluar la viabilidad de estos corredores seguros y otras medidas de contención.

Mientras tanto, los pequeños negocios sostienen que la estabilidad del sector es fundamental para la economía de diversas regiones, especialmente en el occidente del país. La implementación de estas medidas de seguridad es vista por el sector privado como un paso necesario para garantizar que el aguacate mexicano continúe siendo un producto competitivo y seguro frente a los desafíos de la delincuencia organizada.