Mercado ilegal de tabaco impacta finanzas públicas con pérdidas millonarias
La comercialización ilícita de cigarros genera una fuga fiscal estimada en 35,000 millones de pesos, según especialistas del Colmex.
La venta ilegal de tabaco en México representa una amenaza creciente para la recaudación fiscal, con pérdidas estimadas en 35,000 millones de pesos anuales pese a los ajustes en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Investigadores del Colegio de México (Colmex) advierten que el crimen organizado ha consolidado una estrategia mixta que combina el contrabando de mercancía extranjera con la fabricación clandestina en territorio nacional, creando una competencia asimétrica que afecta a los productores formales y al erario público.
El análisis académico señala que este fenómeno ha evolucionado más allá de la simple introducción de productos sin pagar impuestos. La capacidad logística de las organizaciones delictivas permite distribuir cajetillas a precios significativamente inferiores a los del mercado regulado, aprovechando redes de comercio informal en diversas zonas del país. Esta dinámica no solo evade la vigilancia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sino que también burla los controles de calidad exigidos por la Secretaría de Salud.
La SHCP ha buscado fortalecer los mecanismos de control fronterizo y fiscalización para mitigar este impacto, aunque la complejidad del mercado negro dificulta el alcance de las metas de recaudación. La estrategia implementada por los grupos delictivos ha logrado penetrar tanto en mercados tradicionales como en puntos de venta no convencionales, lo que complica la labor de las autoridades federales y estatales para desarticular estas cadenas de suministro.
Especialistas sugieren que la solución requiere un enfoque integral que involucre no solo medidas impositivas, sino también acciones coordinadas entre la FGR y la Guardia Nacional para combatir el contrabando y la manufactura ilegal. La persistencia de este mercado negro refleja un desafío estructural que, de no atenderse, continuará erosionando la base impositiva que se destina a programas sociales y servicios públicos esenciales para la población mexicana.
