Moody’s advierte que cambios judiciales frenan la inversión privada en México

La agencia calificadora Moody’s informó que la inversión privada en México continúa limitada debido a los cambios estructurales registrados en el sistema judicial. De acuerdo con el análisis difundido este martes, la percepción de riesgo ha incrementado entre los actores económicos, quienes observan con cautela las modificaciones institucionales implementadas recientemente en el país.

El reporte destaca que, además de las reformas judiciales, existen otros ajustes normativos que han elevado la incertidumbre en torno al cumplimiento de contratos y garantías legales. Para los analistas, este entorno genera dudas sobre la estabilidad del marco jurídico necesario para atraer proyectos de infraestructura y capital a largo plazo, factores clave para el crecimiento sostenido de la economía nacional.

La agencia subraya que la solidez del Estado de derecho es un pilar fundamental para las empresas que operan bajo esquemas de inversión directa. Ante la volatilidad observada en los mercados, la firma sugiere que la predictibilidad de las decisiones judiciales y el respeto a los acuerdos comerciales vigentes son elementos indispensables para recuperar el dinamismo en diversos sectores industriales.

Por su parte, las autoridades hacendarias han mantenido una postura de diálogo con los organismos internacionales, asegurando que las instituciones mexicanas cuentan con la capacidad para garantizar la seguridad jurídica de los capitales. El gobierno federal sostiene que las reformas buscan modernizar el sistema y fortalecer la transparencia, aunque reconoce que la transición ha generado una etapa de ajuste en la confianza de los mercados.

Especialistas del sector privado señalan que la falta de certeza jurídica podría impactar en el ritmo de llegada de nuevas plantas industriales bajo la tendencia de relocalización de empresas. La recomendación de los expertos es fortalecer los mecanismos de protección a la inversión para mitigar las preocupaciones manifestadas por las agencias calificadoras y asegurar la competitividad del país en el contexto global.