Proponen protocolo nacional para combatir el fenómeno del carrusel delictivo

El diputado federal Raúl Bolaños-Cacho Cué, integrante del grupo parlamentario del PVEM, presentó esta semana una iniciativa de reforma ante la Cámara de Diputados para establecer un protocolo nacional de actuación contra el fenómeno conocido como carrusel delictivo. La propuesta busca obligar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a coordinar esfuerzos institucionales para frenar la rápida liberación y reincidencia de personas involucradas en actividades ilícitas.

El legislador argumentó que la falta de una plataforma tecnológica unificada y de una comunicación fluida entre las distintas corporaciones de seguridad permite que individuos detenidos por delitos menores o faltas administrativas sean puestos en libertad de manera inmediata. Según el planteamiento, este vacío operativo facilita que los mismos sujetos repitan conductas delictivas en distintas demarcaciones territoriales, complicando las labores de inteligencia y el seguimiento de los procesos judiciales a nivel federal y estatal.

La iniciativa contempla que la SSPC sea la responsable de liderar la creación de un sistema de información compartida que incluya datos precisos sobre detenciones, puestas a disposición ante el Ministerio Público y el estatus legal de los implicados. Con esta medida, se pretende que los cuerpos de seguridad, incluyendo a la Guardia Nacional, tengan acceso en tiempo real a perfiles de riesgo que permitan detectar patrones de reincidencia antes de que ocurran nuevos incidentes.

Por su parte, la Sedena fungiría como un órgano de apoyo estratégico y operativo en las zonas donde la incidencia delictiva presenta mayores retos para las autoridades civiles. El equipo de trabajo del diputado señaló que el objetivo principal de este proyecto es fortalecer el Estado de derecho y garantizar que las detenciones realizadas por los distintos niveles de gobierno tengan una eficacia jurídica que impida la impunidad por falta de coordinación.

La propuesta ahora deberá ser turnada a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su análisis y discusión. De ser aprobada, la implementación de este protocolo obligaría a realizar ajustes presupuestarios y operativos en el marco de la colaboración entre las secretarías de Estado y las fiscalías locales, buscando una homologación en el combate a la inseguridad en todo el territorio nacional.