Tribunal ordena a la Sedena transparentar contratos relacionados con software Pegasus

Un Tribunal Colegiado de Circuito confirmó este martes un amparo que ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) proporcionar acceso a los expedientes y contratos relacionados con la adquisición del software de vigilancia conocido como Pegasus. La resolución judicial pone fin a un proceso de litigio iniciado en 2022, tras las reiteradas negativas de la institución castrense para transparentar los documentos solicitados mediante mecanismos de acceso a la información pública.

El conflicto legal se originó cuando diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron detalles sobre dos contrataciones específicas que, según registros documentados, ascienden a un monto superior a los 140 millones de pesos. En su momento, la dependencia argumentó que la información era reservada por motivos de seguridad nacional, una postura que fue desestimada por los magistrados al considerar que prevalece el derecho de la ciudadanía a conocer el ejercicio de los recursos públicos destinados a labores de inteligencia.

Esta decisión del Poder Judicial obliga a la SEDENA a realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos para entregar la documentación técnica y administrativa que sustenta dichos contratos. La sentencia establece que la reserva de información no puede ser utilizada de manera discrecional para ocultar gastos institucionales que no comprometen la integridad de las operaciones estratégicas de seguridad del Estado mexicano.

El fallo es vinculante y no admite recurso de revisión adicional, por lo que la institución está obligada a cumplir con la entrega de los informes en un plazo perentorio establecido por el tribunal. Esta resolución marca un precedente en la rendición de cuentas sobre la adquisición de herramientas tecnológicas de monitoreo utilizadas por las dependencias de seguridad durante los últimos años.

La transparencia en este tipo de compras ha sido una exigencia constante por parte de organismos defensores de derechos humanos y colectivos de transparencia. Con esta determinación, el Tribunal Colegiado reafirma que el acceso a la información es un derecho fundamental que debe prevalecer frente a las políticas de opacidad administrativa en temas de seguridad y defensa.