Congreso recibe iniciativa presidencial sobre requisitos de nacionalidad para cargos públicos
La presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción de la reforma enviada por el Ejecutivo federal para su análisis legislativo.

La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Laura Itzel Castillo, informó este domingo 30 de agosto de 2026 que el recinto legislativo ha recibido formalmente la iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El proyecto propone modificar los requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y las gubernaturas de los estados.
De acuerdo con la información oficial, la propuesta será remitida a la Cámara de Diputados para iniciar su proceso de dictamen en las comisiones correspondientes. El objetivo central de la iniciativa es ajustar el marco normativo actual respecto a la nacionalidad de los servidores públicos de alto nivel, un tema que ha formado parte de la agenda de reformas impulsadas por el actual gobierno federal.
El proceso legislativo continuará con la revisión detallada en las sesiones de trabajo de la Cámara de Diputados. Una vez que el proyecto sea discutido y, en su caso, aprobado por el pleno, será enviado al Senado de la República para su ratificación, cumpliendo con el procedimiento constitucional establecido para reformas a la Carta Magna.
La recepción de este documento marca el inicio de un debate parlamentario sobre la representación política y el ejercicio de cargos públicos. Legisladores de diversas bancadas han manifestado su disposición para analizar el impacto de esta medida en la estructura legal del país y los derechos de los ciudadanos que aspiran a cargos de elección popular.
Se espera que durante los próximos días se definan los tiempos y el calendario de trabajo en las comisiones de Puntos Constitucionales para el análisis de esta reforma. La Presidencia de la República ha enfatizado que esta iniciativa busca armonizar la legislación vigente con las necesidades democráticas contemporáneas de México.


