Exintegrantes de la Policía Federal denuncian retrasos en su integración laboral
Elementos de la extinta corporación y personal de la Guardia Nacional señalan que las mesas de transición hacia la SSPC permanecen estancadas.
Un grupo de exintegrantes de la Policía Federal y elementos en activo de la Guardia Nacional denunciaron este sábado la falta de certeza sobre su futuro laboral dentro de la administración pública federal. Los afectados señalan que, a pesar de los compromisos iniciales para su plena integración a las estructuras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los procesos de transición han sufrido postergaciones constantes durante los últimos meses.
Los inconformes sostienen que las mesas de diálogo y las sesiones de trabajo técnico, diseñadas para formalizar su estatus administrativo y garantizar la continuidad de sus prestaciones, no han avanzado según lo previsto. Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre entre los trabajadores, quienes manifiestan que la falta de definiciones claras afecta su estabilidad económica y el reconocimiento de sus años de servicio institucional.
De acuerdo con los representantes de los trabajadores, la principal demanda consiste en establecer un cronograma definitivo que acelere la transferencia de personal a las áreas operativas y administrativas de la SSPC. Argumentan que el cumplimiento de los acuerdos es fundamental para evitar la desarticulación de las capacidades de seguridad pública y proteger los derechos laborales de quienes han desempeñado labores operativas en diversas regiones del país.
Por su parte, las autoridades federales han indicado previamente que la integración de estos elementos forma parte de una estrategia de reordenamiento administrativo nacional. No obstante, los afectados insisten en que las promesas de resolución no se han traducido en acciones concretas, por lo que han solicitado una audiencia con los responsables de la cartera de seguridad para destrabar los procesos pendientes.
El conflicto pone de relieve las complicaciones logísticas y administrativas que enfrenta la consolidación de los nuevos modelos de seguridad en México. Mientras las negociaciones permanecen en un punto muerto, los elementos de seguridad continúan a la espera de una respuesta formal que les permita ejercer sus funciones con la certidumbre jurídica necesaria.
