miércoles, 5 de agosto de 2026Las noticias que llegan temprano
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Presidencia emite decreto para regular acceso a información pública y seguridad

El Gobierno Federal publicó un decreto que establece nuevos lineamientos de transparencia, protegiendo información estratégica de seguridad nacional y procesos judiciales en curso.

Redacción Correo Nacional
Foto: jornada.com.mx

La Presidencia de la República emitió este miércoles un nuevo decreto que modifica los criterios para la clasificación y manejo de información pública en las dependencias federales. La medida busca equilibrar el derecho de acceso a la información con la protección de datos sensibles que, por su naturaleza, comprometen la seguridad nacional o forman parte de carpetas de investigación bajo proceso judicial en la Fiscalía General de la República.

El documento establece que las Secretarías de Estado deberán realizar pruebas de daño antes de liberar cualquier expediente que involucre estrategias de seguridad o inteligencia. De acuerdo con el marco legal vigente, esta disposición tiene como objetivo evitar la filtración de datos que puedan entorpecer el trabajo de instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El decreto detalla que la información reservada será clasificada bajo estrictos estándares de temporalidad, garantizando que el acceso público sea restablecido una vez que las investigaciones concluyan o las amenazas a la seguridad nacional se disipen. Con esta acción, el Poder Ejecutivo busca homologar los procedimientos internos de las dependencias federales para evitar discrecionalidad en la entrega de documentos a través de solicitudes de transparencia.

Expertos en derecho administrativo han señalado que el ajuste busca fortalecer la protección de los datos personales y la integridad de los operativos en curso en diversas entidades del país. El gobierno federal ha enfatizado que este decreto no contraviene las facultades del organismo garante de transparencia, sino que busca dotar de mayor certidumbre jurídica a los funcionarios encargados de gestionar las solicitudes de información pública.

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