Vecinos de Querétaro denuncian afectaciones por operación de centros de datos

Habitantes de los municipios de Colón y El Marqués, en el estado de Querétaro, han manifestado su creciente preocupación ante la proliferación de centros de datos en la región. Durante los últimos meses, los residentes han reportado constantes fallas en el suministro eléctrico y una presión inestable en la red de agua potable, servicios que aseguran se han visto presionados por la alta demanda de estas nuevas instalaciones industriales.

El crecimiento de la infraestructura tecnológica en el Bajío ha colocado a Querétaro como un punto estratégico para empresas internacionales de almacenamiento de datos. Sin embargo, este desarrollo ha generado un debate sobre la sostenibilidad del modelo y el beneficio real que aporta a las comunidades locales. Los vecinos sostienen que, a pesar de la inversión tecnológica, las necesidades básicas de la población siguen sin resolverse adecuadamente.

Especialistas en temas ambientales señalan que estos centros requieren un consumo intensivo de energía eléctrica y grandes volúmenes de agua para sus sistemas de enfriamiento. En una zona donde el estrés hídrico ya es una preocupación constante para las autoridades estatales y municipales, la llegada de estos proyectos ha intensificado la tensión social. Las familias afectadas insisten en que el desarrollo económico no debe comprometer los recursos naturales básicos.

Ante esta situación, diversos grupos vecinales han solicitado a las autoridades competentes, incluidas las secretarías estatales de medio ambiente, una revisión exhaustiva de los permisos otorgados. El objetivo es que se realicen estudios de impacto ambiental más rigurosos y se garantice que las operaciones de las grandes empresas tecnológicas no interfieran con el acceso a servicios públicos esenciales para la ciudadanía.

Por el momento, no se han anunciado medidas correctivas definitivas, aunque el equipo de planeación municipal ha sugerido la posibilidad de mesas de diálogo. La exigencia de los ciudadanos es clara: mayor transparencia en la gestión de recursos hídricos y energéticos para asegurar que el progreso industrial no se traduzca en una degradación de su calidad de vida.